La acción popular: análisis evolutivo de algunas temáticas en los 20 años de vigencia de la Ley 472 de 1998. Volumen II () von Soraya Pérez Portillo

CONTENIDO INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1. ACCIONES POPULARES EN CONTRATACIÓN PUBLICA Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTRA LA CORRUPCIÓN Iván Darío Gómez Lee CAPÍTULO 2. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS COMO DERECHO COLECTIVO: UNA PRETENSIÓN DIFÍCIL DE MATERIALIZAR María Lucía Torres-Villarreal Camila Zuluaga-Hoyos CAPÍTULO 3. EL CONCEPTO JUDICIAL DE LOS DERECHOS COLECTIVOS POR LA OCUPACIÓN INFORMAL O ILEGAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Juan Manuel Quiñones Murcia CAPÍTULO 4. EL MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL EN LAS ACCIONES POPULARES ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Y UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA LOGRAR LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Álvaro José Cadavid Jiménez CAPÍTULO 5. NULIDAD DE ACTOS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Alexandra García-Vargas Carlos Mauricio López-Cárdenas CAPÍTULO 6. CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLO URBANO: UNA MIRADA DESDE LA ACCIÓN POPULAR Soraya Pérez Portillo NOTAS AL PIE.

Constituye un motivo de especial satisfacción presentar a la comunidad académica esta nueva obra colectiva, titulada La acción popular: análisis evolutivo de algunas temáticas en los 20 años de vigencia de la Ley 472 de 1998, que reúne seis disertaciones jurídicas con serias y profundas reflexiones sobre aspectos trascendentales para la comprensión de los derechos colectivos y del mecanismo procesal constitucional que los protege por excelencia en Colombia: la acción popular. La acción popular tiene larga tradición en la legislación colombiana, al haber sido reconocida, primeramente, en el ámbito del derecho civil, y desde 1991, con el realce constitucional, y su carácter de principal, se ha convertido en un medio de control que facilita al actor popular buscar que la jurisdicción se pronuncie a través de fallos de obligatorio cumplimiento para efectos de la prevención de la vulneración de los derechos colectivos, o bien para lograr el cese del menoscabo del derecho o para, cuando ello fuere posible, restablecer las cosas al estado anterior.